jueves, 27 de octubre de 2011
sábado, 22 de octubre de 2011
Ordalías culturales
que hacen lo necesario por sobrevivir.
Estamos de nuevo en la etapa de más abundancia de lluvia. Y de nuevo nos agarra el agua con una infraestructura vial deficitaria y no solo por falta de construcción de obra pendiente y siempre necesaria, sino también por los daños causados por los derrumbes, hundimientos y crecidas de ríos de temporales en años anteriores y que no fueron reparados a tiempo y que, por si fuera poco, se incrementan.
Recuerdo muy bien una alocución por televisión nacional de la exministra de transportes Karla González, por ahí del 2009, en la que hacía glosa del nuevo ‘cambio cultural’ de los costarricenses en materia vial. Según ella (palabras más, palabras menos) los costarricenses tenemos que entender que el Estado ya no construye, sino que concesiona para que empresas privadas participen y construyan infraestructura pública necesaria para el país. La transparencia de la funcionaria pública González en aquellas declaraciones resultó proverbial y criminal a la vez. Es además un triste síntoma de los tiempos que estamos viviendo… por cerca ya de treinta años.
Y no es que el modelo de concesión de obra pública sea malo o perverso per se, no se trata de eso, lo que está en el fondo es que la ex-ministra nunca nos va a decir que ese ‘cambio cultural’ que ella pide se inserta en un cambio más amplio y que algunos han teorizado sobre él como globalización bajo esquema neoliberal. Es un tema amplio para discutir aquí pero baste decir que en un esquema neoliberal lo principal es hacer y ayudar a generar buenos negocios (pragmatismo le llaman también) y que una de sus consecuencias es producir ‘ganadores’ y ‘perdedores’, es decir, gente que vive bien, muy bien y otra que mal vive o sobrevive(algunas estadísticas dicen que son la gran mayoría de mortales). Sólo en la administración pasada, y con competencia del MOPT, los nombres que excitaron a algunos a hacer buenos negocios por medio de la figura de la concesión fueron Alterra, Riteve, carretera a Caldera; aeropuerto de Liberia, tren eléctrico metropolitano, costanera sur, vía a San Ramón, entre otros; y en lo que llevamos de la administración Chinchilla Miranda lo que hace babear a algunos de los grupúsculos plutocráticos son los puertos de Moín. Todas ellas obras por concesión. Los que participaron trabajosamente, de una u otra forma, para que esas concesiones se dieran son los ‘ganadores’. ¿Quiénes, entonces, son los perdedores? Pues la gran mayoría de los costarricenses, los que no tenemos ni queremos asimilar patrones de comportamiento mercantiles impuestos y desagregadores ni colaborar en emprendimientos codiciosos(locales y globales) de algunos en detrimento de la gran mayoría. Y claro está, fueron perdedores, por ser las más visibles e inmediatos, las cinco personas muertas, las decenas de heridos y los pobladores de la localidad de Turrubares, hace exactamente dos años, y que, aunque no lo saben o nunca lo supieron, padecen o padecieron la peor cara de la globalización neoliberal. Más que legal, por lo sucedido en el puente en ese momento, la responsabilidad es gubernamental, y se convierte, por lo tanto, en responsabilidad política. Por eso resulta tan grosero y malintencionado el que, en un primer momento se quiso inculpar a los demás, especialmente al humilde chofer del bus por lo ocurrido (La fiscalía ya tiene lista la acusación en su contra). Soy de zona rural, de una parte con una topografía ‘difícil’ y hace mucho tiempo que admiro a estas personas que ‘se la juegan’ para hacer que otras personas lleguen todos los días a sus trabajos, lugares de estudio o citas médicas. Algo me dice, además, que el conductor del autobús no hacía ‘buenos negocios’ transportando gente ni ayudaba a crearlos, más bien prestaba un servicio cuasi social y a mi parecer heroico al transportar personas todos los días por ese puente en tan mal estado.
Asumir responsabilidad política, la renuncia de la funcionaria en el caso mencionado, como ocurrió dos días después por presiones externas, no debería ser ninguna ordalía(técnica de tortura medieval) para un funcionario público, por decir lo menos, como pensó en su momento el presidente Arias, a no ser que se esté en un puesto estratégico de la administración pública para ser un ‘ganador’ y para seguir generando buenos negocios. Según ésta lógica, ahí sí que estaríamos en problemas, jodidos la gran mayoría.
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