Crónica de un acto de torpeza política

Sin hacer ruido, casi que a hurtadillas y mientras en las calles miles de personas nos manifestábamos contra el deterioro de  CC. SS.  , de la Ley Mordaza, contra la represión de la protesta popular y contra la corrupción política en general;  se fraguaba a lo interno de la Asamblea Legislativa uno de los golpes más grandes  a la institucionalidad democrática que se recuerden desde la anulación de las elecciones de 1948. Treinta y ocho diputados (PLN+PUSC+ML+1 ex PASE+ 2 “cristianos”), honrosa excepción del PAC, FA y el socialcristiano Luis Fishman,  votaron  a favor de la no reelección del magistrado Fernando Cruz Castro.  En palabras de Fabio Molina, jefe de fracción del PLN, la votación fue “una llamada de atención” a la Corte Suprema de Justicia(La Nación S.A. 16/11/12). Para Molina, “la Sala constitucional se había excedido en sus competencias y había que restaurar el equilibrio entre poderes”(Ídem). Las decisiones de la Sala, a su parecer, provocaban “ingobernabilidad”. De inmediato, las “razones” dadas para destituir al juez Fernando Castro provocaron un sinnúmero de reacciones de indignación y malestar de ciudadanos de diversos sectores e instituciones, para empezar, en el Poder Judicial mismo, al punto que el Fiscal General Jorge Chavarría calificó el asunto como un “golpe de Estado técnico” y llamó a los funcionarios de la institución a manifestarse al respecto (La Nación S.A. 17/11/12) . Pongo “razones”, así entre comillas, porque ni un solo diputado fue capaz de esgrimir un argumento en contra del desempeño  en sus labores del magistrado Fernando Cruz,  fueron y siguen siendo incapaces de señalar alguna falta en su actuar que justificara sólidamente su voto. Es más, la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa no encontró problema alguno y había recomendado por mayoría la reelección del magistrado. Y según la perspectiva jurídica, el magistrado estaba automáticamente reelecto desde el 14 de noviembre, exactamente un mes después de cumplirse los ocho años de elección por el Parlamento, amparado en el artículo 158 de la Constitución. Así las cosas, el actuar de los legisladores no resultaba ni legal ni legítimo. Más tarde,  el presidente de la Corte Luis Paulino Mora aludirá  a “fuerzas oscuras” que, estarían detrás de la decisión de no reelegir al letrado Cruz Castro.  

        

 ¿Qué es lo que se le cobra a la Corte?, y más específicamente; ¿Qué es lo que se le estaría cobrando, de forma personalizada,  al magistrado Cruz Castro?, ¿En qué se había excedido la Sala IV y por qué sus decisiones provocan “ingobernabilidad” para un grupo de diputados?  Un amplio sector de la sociedad que valora muy positivamente la labor del magistrado Cruz Castro opina que se le cobra su probidad, valentía e independencia. Veamos; en el caso del TLC con EE. UU. tuvo una posición divergente de la mayoría de los magistrados, también votó en contra de las leyes de implementación del acuerdo comercial en el 2008. En el 2010 votó a favor de un recurso que se propuso detener el proyecto minero Crucitas. Y en abril de este año fue parte del voto unánime contra la forma en que se aprobó el Plan Fiscal.  Así la cosas, cabría pensar que Cruz Castro es ‘una piedra en el zapato’, un obstáculo para una agenda particular e inconfesable de intereses  político-empresarial en el país. Quizás esas sean las “fuerzas oscuras” a las que alude el presidente de la Corte Luis Paulino Mora. En relación con el Poder Judicial como un todo es imposible dejar de mencionar la labor valiente del Ministerio Público que llevó a los tribunales y juzgó a dos ex presidentes de la república e indagó a otro más por actos de corrupción. El poder judicial se muestra fuerte y con gran legitimidad; la impunidad en casos de corrupción que involucrara a políticos ya no estaba garantizada. De hecho, la Fiscalía investiga en este momento a 18 funcionarios y exfuncionarios del gobierno, todos ellos de Liberación Nacional (http://www.crhoy.com/fiscalia-investiga-a-18-funcionarios-publicos-todos-miembros-del-pln/).       

     

Ahora bien, fue en los días siguientes  que una parte de las “fuerzas oscuras” empezaban a clarearse un poco.  La diputada del Movimiento Libertario, Patricia Pérez,  afirmó que el ministro de la presidencia, Carlos Ricardo Benavides, la llamó para pedirle no votar por la reelección del magistrado Fernando Cruz (La Nación S.A. 20/11/12). Por su parte, el pre-candidato presidencial Rodrigo Arias felicita a los legisladores verdiblancos luego de la votación, según dos diputados y un asesor legislativo(http://www.crhoy.com/arias-felicito-a-diputados-por-no-reelegir-a-magistrado-cruz/).     

   

Mientras tanto, los principales dirigentes del Movimiento Libertario y del PUSC guardan silencio sobre el tema.

Los últimos hechos relevantes en esta trama se desarrollan de la siguiente manera: El día sábado se le da trámite a un recurso de amparo presentado por la legisladora del PAC  Carmen Muñoz y por el diputado Luis Fishman del PUSC. El recurso deja sin efecto la decisión de los legisladores y reinstala en su puesto a Fernando Cruz mientras se resuelve amparo. Luego, el día martes en el plenario, con Víctor Emilio Granados a la cabeza, se decide anular la votación del jueves 15. Luis Gerardo Villanueva (PLN) apela la resolución de nulidad, se procede a votar y con el resultado de 26 diputados a favor(ya no 38) y 19 en contra, se echan abajo dicha resolución(no deja de ser interesante como se desgrana la mazorca). Resultado: A la Sala IV le dejan la decisión de enmendar un error que  pudo tener solución en la Asamblea Legislativa. Luego algunas mentes estrechas y cínicas se preguntan del por qué de la judicialización de la política y del creciente e incontenible descontento popular.

A 5 años del Referéndum

     En la Costa Rica del siglo XXI acudimos básicamente a dos procesos. Uno, el de la presión de grupos que hacen todo lo posible para insertarse en la lógica de acumulación global de capital: Empresarios nacionales, tecnócratas, transnacionales, todo ello en detrimento de la fuerza de trabajo, de los recursos naturales, de las instituciones estatales;  CC.SS., el ICE y demás instituciones que durante años han sido exitosas otorgando un muy buen nivel de vida a los pobladores. El otro proceso es el de rechazo a la corrupción de los funcionarios públicos; y de los empresarios privados que contratan con el Estado y a la impunidad de ambos.

Ambas visiones de mundo  se venían confrontando desde hacía ya rato. ‘El combo ICE’, como se le llamó a un proyecto de ley en el año 2000, para privatizar la institución y entregar la energía y las telecomunicaciones al gran capital transnacional fue una de las intentonas recientes más fuertes de los grupos neoliberales. Tal proyecto polarizó al país entre los meses de marzo y abril de ese año  obligando a  la gente a tirarse masivamente a la calle para protestar. El proyecto fue declarado inconstitucional por la Sala IV y posteriormente archivado. La crispación social y las evidentes debilidades ayudaron a discernir al presidente Rodríguez y sus tecnócratas de turno que lo mejor era enterrar la idea.

Se disfrutó de un momento de relativa “paz social y política” hasta que se puso en la agenda, en el siguiente gobierno, un TLC o acuerdo comercial con los EE. UU. de Norteamérica. Un pacto comercial que careció de control y responsabilidad política y ciudadana; y que profundizaba el modelo de “desarrollo” neoliberal que se había puesto  andar en el país hacía más o menos dos décadas de a poquito. A la vez que fue negociado rápido y mal. Abel Pacheco, el presidente de turno no quiso comprase la bronca y en su gobierno desistió finalmente de darle el empujón necesario al acuerdo comercial.

Fue finalmente, en el siguiente gobierno, el de los ‘Arias’ que se dio el impulso necesario y decidido para mandar el texto del TLC a la asamblea legislativa. De hecho, la mayor parte de la gestión Arias Sánchez, sino toda, estuvo encaminada a la aprobación del TLC.  El tema daría un giro inesperado cuando el Tribunal supremo de Elecciones da luz verde a una iniciativa CIUDADANA: Someter la aprobación/improbación del TLC a consulta popular vía referéndum.

La derrota del movimiento del NO en las urnas se sintió como una brutal bofetada. Ciertamente la política es de procesos, sin embargo el referéndum fue un hecho duro, un trago amargo para la gente que dio su tiempo, energía su escaso dinero  a una causa noble y justa en la que se creía y todavía se cree. ¿Qué pasó? Los del movimiento del No no contamos/generamos los recursos económicos necesarios. El movimiento del Sí estuvo más que bien financiado. Antes y durante la campaña se calcula que el Sí pautó aproximadamente el 91.3% de la publicidad en medios contra un restante 8.7% del No.

Por otra parte,  el comportamiento  del tramposo es ‘trampear’, ¿¿Cierto?? Muchos pensamos ingenuamente que los del Sí iban a ceder prestigio y poder, que iban a respetar los tiempos de campaña, que no iban a coaccionar a los trabajadores de las fábricas, que JAMÁS, PERO JAMÁS se iba a escribir un documento delictivo desde las altas esferas del poder como lo fue el MEMORANDO CASAS/SÁNCHEZ o memo del miedo. Se le exigió al T.S.E. tomar cartas en el asunto y sancionar efectiva y fuertemente a los responsables según correspondiera. No fue así. Otros actores importantísimos por su peso moral como la Conferencia Episcopal, con el Obispo José Francisco Ulloa a la cabeza, fueron vulgarmente cooptados durante el proceso(¿Está en discusión todavía si lo hicieron para complacer a alguien o a algo?); renquearon o claudicaron ante el gran capital y el statu quo. 

A cinco años, la inserción del país en la lógica de acumulación global de capital sigue su marcha. A ese proceso se le conoce también como ‘reforma del Estado’: disminuir o quitar “privilegios”, subsidios en la educación, salud, telecomunicaciones, vivienda, convenciones colectivas;  por medio de la apertura de los monopolios públicos y la competitividad vía la desregulación. El TLC con EE. UU. es sólo una herramienta, pero muy importante y necesaria para este proceso.

Y por donde se le mire, en este breve período, efectivamente, vamos viendo sus resultados: Una balanza comercial desigual, aumento del desempleo, debilitamiento del ICE, impactos negativos para el acceso a la educación(veto a la ley de fotocopiado) y demandas de inversionistas extranjeros contra el Estado.

La decepción fue grande, más lo positivo fue mucho más grande: la espontaneidad del movimiento, decenas de comités patrióticos en todo el país trabajando sin paga alguna, la solidaridad, las ganas de justicia y de vivir en un país decente y no ser inquilinos en nuestra  propia tierra; por eso da tanto coraje recordar ese proceso y el mismo referéndum. Nunca lo olvidaremos, es más,  creceremos desde él.

Paseo Colón. Manifestación del No al TLC. 30/9/07

Apuntes sobre Derechos Humanos

"Los derechos se toman, no se piden,

se arrancan, no se mendigan".

José Martí

Apuntes sobre Derechos Humanos

Hablar de Derechos Humanos es hablar de autonomía, de autoproducción, de lucha y de Estado de derecho.

 Para empezar los DD. HH.  son  una producción socio-histórica.  Esto quiere decir  que  las declaraciones sobre el tema que encontramos actualmente  no surgieron en un  día soleado en el que algunos  señores se reunieron en un cómodo jardín de la  propiedad de uno de ellos para degustar una botella de vino y de paso  hablar sobre una posible legislación que les permitiera una existencia más justa y equitativa respecto  del poder monárquico, presidencial, etc. Lo que quiero decir es que los DD. HH,  como los entendemos modernamente, provienen de luchas, no caen del cielo. Resultan más bien de un proceso(siempre sociohistórico) y su fundamento es el pensamiento social moderno según la cual el ser humano es su autoproducción. La misma se reconoce como lucha social por el reconocimiento, como perpetuo cambio. A muchas personas se les olvida que lo que finalmente está recogido en la legislación actual sobre DD. HH  se peleó, y se peleó duro mucho antes, en las calles;  hubo revoluciones y muchos dieron la vida, irónicamente, para que en  las constituciones  de los países figurara  un apartado que los contuviera y unos tribunales  en donde defenderlos.
 

Y su defensa nos introduce a al menos dos temas: El de la efectividad de su cumplimiento y, por otra parte, el de quiénes pueden reclamar sus  Derechos Humanos. En otras palabras, uno de los  desafíos  actuales(sino el principal) es su reinvindicación ante los tribunales. Aunque esté la norma escrita, los circuitos judiciales no necesariamente van a fallar acorde con esta norma. Por lo tanto, aunque alguien tenga toda la prueba y la razón, no puede saber si un tribunal le va a dar esa razón. Pero, además,  ¿Quiénes pueden reclamar sus  Derechos Humanos? La respuesta es harto desesperanzadora. Porque hay algo más: Cuando se habla de DD. HH  el discurso  se centra en individuos/ciudadanos. He aquí la trampa, o el problema, según quiera verse. ¿Tienen  Derechos Humanos los niños?, ¿Tiene  Derechos Humanos un travesti?, ¿Tiene Derechos Humanos un terrorista?, ¿Tiene Derechos Humanos una trabajadora sexual?, ¿Tiene Derechos Humanos un comunista? o ¿Tiene Derechos Humanos un inmigrante empobrecido?  La experiencia nos dice que no realmente o eficazmente al menos. No  basta  la judicialización para hacer eficaces los derechos, trampa del politicismo. Niños, travestis, terroristas, comunistas, trabajadoras sexuales e inmigrantes empobrecidos son ejemplos de seres humanos vulnerables en las sociedades en que vivimos y  para los gobiernos esta gente se podría catalogar inclusive como no-personas, gente que no está sujeta a derecho, gente que amenaza el “Orden, el bien, la belleza o La Verdad” por decir algo.  Por desgracia en América latina carecemos de una cultura auténtica de DD. HH. que los acuerpe como se debe. Ya nos advertía el filósofo español Fernando Savater : "La prueba de fuego de una declaración de DD. HH es reconocérselos no al compatriota, al amigo o a quienes nos son más próximos o parecidos, sino al que viene de fuera: al inmigrante (empobrecido, añado yo), al exiliado, al apátrida, al distinto y distante" (Salvador Giner; coordinador(2000) La cultura de la democracia: El futuro. Editorial Ariel, Barcelona. Lo paradójico es que mientras existan estas “no-personas” existirán también discusiones sobre el carácter y vigencia de DD. HH. Por eso una tarea urgente es fomentar una cultura de Derechos Humanos que los acuerpe y defienda.