Sin
hacer ruido, casi que a hurtadillas y mientras en las calles miles de personas
nos manifestábamos contra el deterioro de
CC. SS. , de la Ley Mordaza,
contra la represión de la protesta popular y contra la corrupción política en
general; se fraguaba a lo interno de la
Asamblea Legislativa uno de los golpes más grandes a la institucionalidad democrática que se
recuerden desde la anulación de las elecciones de 1948. Treinta y ocho
diputados (PLN+PUSC+ML+1 ex PASE+ 2 “cristianos”), honrosa excepción del PAC, FA
y el socialcristiano Luis Fishman, votaron
a favor de la no reelección del magistrado Fernando Cruz Castro. En palabras de Fabio Molina, jefe de fracción
del PLN, la votación fue “una llamada de
atención” a la Corte Suprema de Justicia(La Nación S.A. 16/11/12). Para
Molina, “la Sala constitucional se había
excedido en sus competencias y había que restaurar el equilibrio entre poderes”(Ídem).
Las decisiones de la Sala, a su parecer, provocaban “ingobernabilidad”. De inmediato, las “razones” dadas para
destituir al juez Fernando Castro provocaron un sinnúmero de reacciones de
indignación y malestar de ciudadanos de diversos sectores e instituciones, para
empezar, en el Poder Judicial mismo, al punto que el Fiscal General Jorge
Chavarría calificó el asunto como un “golpe
de Estado técnico” y llamó a los funcionarios de la institución a manifestarse
al respecto (La Nación S.A. 17/11/12) . Pongo “razones”, así entre comillas,
porque ni un solo diputado fue capaz de esgrimir un argumento en contra del
desempeño en sus labores del magistrado
Fernando Cruz, fueron y siguen siendo
incapaces de señalar alguna falta en su actuar que justificara sólidamente su
voto. Es más, la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa no
encontró problema alguno y había recomendado por mayoría la reelección del magistrado.
Y según la perspectiva jurídica, el magistrado estaba automáticamente reelecto
desde el 14 de noviembre, exactamente un mes después de cumplirse los ocho años
de elección por el Parlamento, amparado en el artículo 158 de la Constitución. Así
las cosas, el actuar de los legisladores no resultaba ni legal ni legítimo. Más
tarde, el presidente de la Corte Luis
Paulino Mora aludirá a “fuerzas oscuras” que, estarían detrás
de la decisión de no reelegir al letrado Cruz Castro.
¿Qué es lo que se le cobra a la Corte?, y más
específicamente; ¿Qué es lo que se le estaría cobrando, de forma personalizada,
al magistrado Cruz Castro?, ¿En qué se
había excedido la Sala IV y por qué sus decisiones provocan “ingobernabilidad”
para un grupo de diputados? Un amplio
sector de la sociedad que valora muy positivamente la labor del magistrado Cruz
Castro opina que se le cobra su probidad, valentía e independencia. Veamos; en
el caso del TLC con EE. UU. tuvo una posición divergente de la mayoría de los
magistrados, también votó en contra de las leyes de implementación del acuerdo
comercial en el 2008. En el 2010 votó a favor de un recurso que se propuso
detener el proyecto minero Crucitas. Y en abril de este año fue parte del voto
unánime contra la forma en que se aprobó el Plan Fiscal. Así la cosas, cabría pensar que Cruz Castro es
‘una piedra en el zapato’, un obstáculo para una agenda particular e
inconfesable de intereses político-empresarial
en el país. Quizás esas sean las “fuerzas
oscuras” a las que alude el presidente de la Corte Luis Paulino Mora. En
relación con el Poder Judicial como un todo es imposible dejar de mencionar la
labor valiente del Ministerio Público que llevó a los tribunales y juzgó a dos
ex presidentes de la república e indagó a otro más por actos de corrupción. El
poder judicial se muestra fuerte y con gran legitimidad; la impunidad en casos
de corrupción que involucrara a políticos ya no estaba garantizada. De hecho,
la Fiscalía investiga en este momento a 18 funcionarios y exfuncionarios del
gobierno, todos ellos de Liberación Nacional (http://www.crhoy.com/fiscalia-investiga-a-18-funcionarios-publicos-todos-miembros-del-pln/).
Ahora
bien, fue en los días siguientes que una
parte de las “fuerzas oscuras”
empezaban a clarearse un poco. La
diputada del Movimiento Libertario, Patricia Pérez, afirmó que el ministro de la presidencia,
Carlos Ricardo Benavides, la llamó para pedirle no votar por la reelección del
magistrado Fernando Cruz (La Nación S.A. 20/11/12). Por su parte, el
pre-candidato presidencial Rodrigo Arias felicita a los legisladores verdiblancos
luego de la votación, según dos diputados y un asesor legislativo(http://www.crhoy.com/arias-felicito-a-diputados-por-no-reelegir-a-magistrado-cruz/).
Mientras
tanto, los principales dirigentes del Movimiento Libertario y del PUSC guardan
silencio sobre el tema.
Los
últimos hechos relevantes en esta trama se desarrollan de la siguiente manera: El
día sábado se le da trámite a un recurso de amparo presentado por la
legisladora del PAC Carmen Muñoz y por
el diputado Luis Fishman del PUSC. El recurso deja sin efecto la decisión de
los legisladores y reinstala en su puesto a Fernando Cruz mientras se resuelve
amparo. Luego, el día martes en el plenario, con Víctor Emilio Granados a la
cabeza, se decide anular la votación del jueves 15. Luis Gerardo
Villanueva (PLN) apela la resolución de nulidad, se procede a votar y con el
resultado de 26 diputados a favor(ya no
38) y 19 en contra, se echan abajo dicha resolución(no deja de ser
interesante como se desgrana la mazorca). Resultado: A la Sala IV le dejan la
decisión de enmendar un error que pudo
tener solución en la Asamblea Legislativa. Luego
algunas mentes estrechas y cínicas se preguntan del por qué de la
judicialización de la política y del creciente e incontenible descontento
popular.
